Blog Participativo
CRISIS POLITICA PERUANA
Nicolle López
Caso
Lopezcasonicolle6@gmail.com
INTRODUCCIÓN
La profunda crisis política e
institucional de Perú llega este martes a un nuevo punto álgido con la cuestión
de confianza a la que se somete en el Congreso el Gobierno del presidente
Martín Vizcarra y que puede terminar en la disolución del Parlamento y la
convocatoria de nuevas elecciones.
Esta situación es fruto de una
cadena de acciones y omisiones que se arrastran desde las elecciones
presidenciales y legislativas del 2016 y está teñida de principio a fin por la
mancha de la corrupción en todos los estamentos del Estado peruano, causa última
de la tensa situación.
REFLEXIONES INICIALES
Durante los últimos cincuenta años ocurrieron tres
hechos importantes. En primer lugar, un proceso de sustitución de importaciones
que formalmente se inició con la ley de industrialización de 1959 y se agotó en
menos de veinte años. En segundo lugar, la crisis de este proceso y el derrumbe
del producto bruto interno per cápita durante el primer gobierno de Alan García
(1985-1990) hasta los niveles registrados en los años 1959-1960. Y, en tercer
lugar, la restauración del modelo primario exportador con la aplicación de
políticas y reformas neoliberales desde los primeros años de la década de los
noventa. Con la restauración de este modelo neoliberal, el producto bruto
interno per cápita volvió a aumentar hasta alcanzar su nivel registrado en 1975
recién en el 2006. La crisis internacional del año 2008, la más profunda de los
últimos setenta años, ha impactado en este modelo hasta cuestionar su
sostenibilidad o anunciar su agotamiento, tal como la crisis internacional de
los años setenta y la crisis de la deuda de 1982 cuestionaron la sostenibilidad
del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones o anunciaron su
agotamiento
La
corrupción es un problema que afecta a países ricos y pobres y que desde la
segunda mitad del siglo pasado ha generado estudios por parte de investigadores
de diversas disciplinas. Porque sus estudiosos provienen principalmente de
centros académicos y de investigación en países desarrollados, y porque los
costos que acarrea golpean más fuertemente a los países pobres, los estudios
sobre la corrupción se concentran más en estos últimos. Así, los politólogos la
sitúan en las características concretas de los sistemas políticos de las
naciones, atribuyendo principalmente sus causas a la existencia de un “déficit democrático”
que se manifiesta, por ejemplo, en la falta de autonomía del poder judicial, en
la
incapacidad
del poder legislativo para controlar los impulsos del ejecutivo, en la falta de
transparencia de las instituciones públicas, en la precariedad institucional de
las agencias del estado, en la falta de mecanismos para la rendición de cuentas
de la gestión pública, en la ausencia de un liderazgo ético, o en la debilidad
de los órganos de vigilancia de la sociedad civil.2 De otra parte, antropólogos
y sociólogos cuestionan la presunta universalidad de normas y conductas que en
países desarrollados son calificadas con nitidez como no corruptas; más bien,
estudiosos de estas disciplinas resaltan las raíces históricas y socio-culturales
de conductas que, bajo una óptica convencional aparecerían como corruptas, pero
que expuestas a la luz de un examen de
directrices y procesos que emprenden los diversos estamentos burocráticos de
los estados revelan, por lo contrario, lógica y legitimidad social.
Economistas,
porúltimo, se esmeran en evaluar sus costos y beneficios. Entre las ciencias sociales,
la economía es la que probablemente más ha aportado al estudio de la corrupción
desde la década de 1960. En un principio,los estudios se apoyaban en la premisa
de que la corrupción era el “aceite” que lubricaba el proceso de modernización
y crecimiento económico. Los trabajos más recientes enfatizan las causas
institucionales
y
el impacto negativo sobre el desarrollo económico. Como sus pares de otras
disciplinas, buscan también determinar sus causas, a la par que intentan
cuantificar sus consecuencias sobre variables de la macro economía, como son la
inversión privada, gasto público, comercio internacional, tasa de crecimiento
económico. En suma, todos -- politólogos, sociólogos, antropólogos y economistas
– desde sus distintas perspectivas, brindan aportes importantes para
combatirla.
MI ARGUMENTACIÓN FORMAL
El 10 de abril del 2016
las elecciones generales dejaron a Fuerza Popular (derecha populista) como el
partido más votado bajo el liderazgo de Keiko Fujimori, hija del expresidente
Alberto Fujimori.
Fujimori obtuvo una
mayoría aplastante en el Congreso (73 sobre 130 diputados), pero quedó a las
puertas de la Presidencia al no lograr el 50% de los sufragios válidos.
Fujimori enfrentó en
segunda vuelta al liberal Pedro Pablo Kuczynski, quien contra pronóstico logró
el voto del 50.12% de los peruanos y la derrotó por un margen de 40,000 votos.
El resultado dejó un
presidente con un escaso apoyo parlamentario y con un tenue apoyo popular y a
una oposición mayoritaria en el Congreso, sorprendida y ofendida por una
derrota que no esperaba.
La oposición a Kuczynski
fue implacable y el Congreso forzó de forma sistemática interpelaciones y
renuncias en el Gobierno.
En septiembre del 2017, se
le negó la confianza al primer ministro de Kuczynski, Fernando Zavala, y obligó
a la dimisión de todo el Gobierno.
En retrospectiva ese paso
fortaleció al Ejecutivo, ya que la Constitución peruana habilita al presidente
a disolver el Parlamento si este le niega la confianza a dos gabinetes.
Con cuatro años de
legislatura pendientes, Fuerza Popular había quemado ya casi toda su pólvora.
Esa oposición beligerante
causó fisuras en el partido, particularmente entre los hermanos Keiko y Kenji
Fujimori, este último partidario de ayudar a Kuczynski para lograr un indulto
para su padre, Alberto, preso por delitos de lesa humanidad.
Odebrecht, Odebrecht, Odebrecht
En febrero del 2017 se
supieron los primeros detalles de la gigantesca trama de sobornos de la constructora
Odebrecht en Perú, una enorme red de corrupción que abarcó prácticamente a
todos los partidos y líderes políticos del país.
De un plumazo, al
enfrentamiento político se le unieron choques legales y jurídicos, que tuvieron
su eco en el Congreso tanto como entre la opinión pública.
Acosado por Odebrecht,
Kuczynski afrontó a finales de 2018 un pedido de destitución impulsado y
apoyado por Fuerza Popular.
En ese contexto, el
mandatario finalmente usó la carta del indulto y liberó al expresidente,
ganándose así al grupo liderado por Kenji, que con sus votos lo salvaron de la
destitución entre la indignación de gran parte de la opinión pública.
Sin embargo, apenas tres
meses después, mientras las revelaciones de Odebrecht embarraban más y más al
presidente, y sin respaldo alguno en el Congreso, Kuczynski dimitió antes de
someterse nuevamente a un proceso de destitución que iba a perder.
Martín Vizcarra asumió la
presidencia como una gran incógnita, mientras nuevas revelaciones apuntaban a
que Keiko Fujimori habría recibido financiación de Odebrecht y favores de otra
red de corrupción inserta en el Poder Judicial.
Chávarry y Los Cuellos Blancos
En junio del 2018, se
supo de la existencia de una trama de jueces y fiscales de alto rango que
traficaban con favores y prebendas, conocidos como "Los Cuellos
Blancos".
Un juez supremo, César
Hinostroza, y el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quedaron expuestos
como supuestos integrantes de esta red, que habría ayudado a Fujimori en sus
problemas legales.
Hinostroza fue protegido
por Fuerza Popular hasta que huyó a España, así como Chávarry, quien en su
papel como jefe de la fiscalía intentó torpedear por activa y pasiva a los
fiscales que investigaban a Fujimori.
Ante el creciente clamor
popular, Chávarry renunció al cargo de fiscal de la Nación, pero aún sigue
amparado en su inmunidad legal y se mantiene como fiscal supremo, respaldado
por el fujimorismo.
Vizcarra, que asumió como
principal política de Estado el combate a la corrupción, forzó un referéndum de
reforma constitucional enfocado en esa lucha, que fue apoyado masivamente por
la ciudadanía.
El Congreso accedió a
regañadientes a esa reforma y prometió llevarla a cabo, bajo la mirada de una
opinión pública que tiene una nefasta visión del Parlamento.
Sin embargo, los
fujimoristas siguieron protegiendo a Chávarry y han evitado procesar las
reformas, motivos que llevaron a Vizcarra a confrontar nuevamente al Congreso
bajo la amenaza de disolverlo legalmente, amenaza que esta vez sí puede llevar
a cabo.
CONCLUSIONES
La conclusión es
la siguiente; más allá de si Kuczynski es acusado o no y tiene que dejar el
cargo, el gobierno real seguirá siendo un desafío significativo. El gobierno
enfrentará falta de legitimidad tanto en el Congreso como con los ciudadanos.
Es probable que la inestabilidad política continúe acentuada, particularmente
en el corto plazo y, como resultado, el entorno regulatorio quedará relegado.
REFERENCIAS
FELICIDADES
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ResponderBorrar:D genial
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